Por si acaso, los agentes tomaron muestras de pelo a cada uno de los animales, y las pruebas de ADN confirmaron las sospechas: los tres ejemplares eran los mismos que habían sido raptados de un nido en la misma sierra de Guadarrama dos años antes. El cetrero ilegal, que se enfrenta ahora a penas de prisión, seguramente hubiera actuado de otra forma de haber sabido que la Comunidad de Madrid dispone de un registro de ADN de rapaces para atrapar a los delincuentes de la naturaleza. Es sólo un ejemplo de la última tecnología que protege hoy a las joyas más amenazadas de la fauna española.

“Aún es pronto para saber si este registro disuade a un cetrero ilegal o a un coleccionista de trofeos desaprensivo –explica un agente del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil-, pero, sabiendo que incluso muchos años después del delito seguimos teniendo ADN que analizar y contrastar con las fichas oficiales, yo creo que muy pocos se van a arriesgar a partir de ahora”.

La pista del ADN también es clave para conseguir la viabilidad de la exigua población actual de osos pardos. Los estudios sobre la genética del oso pardo, desarrollado, entre otros, por científicos del CSIC, están sirviendo para conocer la variedad de respuestas de estos mamíferos a una epidemia general o una hambruna, esto es, su capacidad de adaptarse a las circunstancias y sobrevivir.

Los primeros resultados, como se temía, no son muy alentadores, y confirman la elevada consanguinidad y la escasa diversidad genética de los apenas 100 osos pardos españoles, especialmente grave en el núcleo oriental de la Cordillera Cantábrica y en Pirineos, y no tanto en la zona occidental de Asturias. Estos resultados obligan, en opinión de los científicos, a medidas de gestión “drásticas e imaginativas”, particularmente, la dispersión estudiada de individuos.  Algunos plantígrados tendrán que empezar a hacer las maletas.

Fuente de la fotografía: ecologismo.com

Autor del reportaje: Rafael Carrasco. Agencia Dossier.

La propia patronal de los plaguicidas –AEPLA- está colaborando activamente en la lucha contra el uso de sustancias ilegales, una actividad que perjudica enormemente la imagen de esta industria y la de sus clientes –los agricultores- dentro y fuera de España. La venta ilegal de pesticidas supone además una competencia desleal para la muy regulada industria europea de agroquímicos por parte de sus competidoras de China y otros países con legislaciones laxas y no cumplidas.

“AEPLA -reconoce Salvador Ortega, el experto del SEPRONA en estos temas agroquímicos- son grandes colaboradores nuestros. A los fabricantes les interesa nuestro trabajo y colaboran con nosotros porque le quitamos una competencia ilegal”. “Para nosotros -añade-, ellos son una fuente muy valiosa porque tienen personal distribuido por toda España y saben mucho más que nosotros de estos temas”. AEPLA, Incluso, colabora en la formación del personal del SEPRONA y, en casi todos sus cursos de formación, participa alguna persona de esta Asociación Española para la Protección de las Plantas.

CAMPAÑA CONTRA EL TRÁFICO ILEGAL DE FITOSANITARIOS

A finales de 2008, incluso, la asociación puso en marcha una campaña de comunicación contra el tráfico ilegal de fitosanitarios que incluye un teléfono de avisos (902 882081) al que se puede llamar de forma anónima para informar de posibles usos de sustancias ilegales o de redes y personas que puedan estar distribuyendo este tipo de mercancías.

Las informaciones procedentes de esas llamadas se remiten directamente al SEPRONA y a las autoridades autonómicas para que realicen las pesquisas e inspecciones pertinentes y, según AEPLA, “erradicar el tráfico ilegal de productos fitosanitarios”. Según Sergio Dedominici, vicepresidente de la entidad, la nueva campaña “refleja de forma positiva la recuperación de la imagen de los productos hortícolas españoles en el mundo, pero sigue lanzando el mensaje de que no hay que bajar la guardia y ofrece una nueva herramienta para luchar contra el tráfico ilegal a través de un servicio telefónico anónimo”. El vicepresidente de AEPLA se muestra más que satisfecho “tras un año positivo en el que apenas ha habido problemas con el uso de estos productos ilegales y se ha producido una apuesta clara por la producción integrada”.

PRESENTE Y FUTURO: UNA PRODUCTIVIDAD MÁS SOTENIBLE

“Cada vez son más los agricultores que utilizan productos fitosanitarios en el contexto de sistemas productivos más sostenibles -escribe en la revista del Ministerio de Medio Ambiente, ´Ambienta´, el vicepresidente de la patronal química FEIQUE, Juan José Navas-, basados en la agricultura integrada u otros sistemas de producción certificados, en combinación con otras prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente”.

La tendencia hacia una menor utilización de plaguicidas legales o ilegales es una gran noticia para los consumidores de los vegetales y para el medio ambiente, y es también, para muchos, uno de los pocos éxitos que se puede atribuir a la fusión en esta legislatura de los ministerios de Medio Ambiente y de Agricultura. Un éxito con sordina, eso sí, porque tanto los responsables del MARM como los de las consejerías correspondientes, la industria agroquímica o el SEPRONA no quieren lanzar las campanas al vuelo y temen un repunte de esta actividad ilegal, ya que las redes de contrabando de pesticidas prohibidos o no autorizados –la mayoría, parten de China- siguen ahí, y las crecientes exigencias y restricciones de la Unión Europea respecto a fitosanitarios pueden desesperar a un buen número de agricultores en los próximos años y lanzarlos de nuevo hacia el camino de la ilegalidad.

Desde el SEPRONA, las diferentes consejerías autonómicas de Agricultura o la patronal de los pesticidas AEPLA no echan las campanas al vuelo. Entre otras razones, porque las crecientes garantías, restricciones y controles en el uso de plaguicidas pueden repuntar de nuevo el uso ilegal de químicos prohibidos o no autorizados en la Unión Europea por su peligrosidad para nuestra salud y la de quienes los aplican.

LISTADO DE PLAGUICIDAS PROHIBIDOS

De hecho, desde 1993, el proceso de reevaluación de plaguicidas impuesto por Bruselas a la industria química y que exigía a ésta costosos estudios de seguridad o “no peligrosidad”, han acabado con casi el 70% de los compuestos conocidos, en la mayoría de los casos, porque las Bayer, Elf, Solvay y compañía no han querido pagar esos estudios o no estaban seguros de que, aún haciéndolos, sirviesen posteriormente para aprobar el examen de Bruselas. Y, a comienzos de este año, el Parlamento Europeo aprobaba una lista de 22 sustancias plaguicidas que van a ser prohibidas en toda la Unión porque existe la  posibilidad de que produzcan cáncer, sean mutagénicos o afecten a la reproducción. La lista no se ha dado a conocer, ya que todavía tiene que ser aprobada por el Consejo de Ministros, pero sí se sabe que en ella están una docena de los más usados en las huertas y campos de nuestro país. Y, como principio, en un plazo de tres años, aquéllos agroquímicos que contengan sustancias “peligrosas” tendrán que ser sustituidos por alternativas que ofrezcan seguridad.

La lista inicial de “sustancias malditas” de la Comisión Europea era mucho mayor y pretendía reducir en un 60% el actual consumo de fitosanitarios en la Unión, pero dado que, cada vez, sabemos más del efecto nada bueno sobre nuestra salud y el medio de los agrotóxicos, es probable que en los próximos años el endurecimiento en el uso de esta química vaya a más.

La Unió, sindicato agrícola valenciano, señala, por ejemplo que la “continua supresión de productos fitosanitarios podría activar un mercado negro de los mismos, con el consiguiente riesgo que ello conlleva”. Y, en Andalucía, la principal huerta de nuestro país y dónde más pesticidas ilegales se usaban y se siguen usando, parece que el problema, aunque a menor escala, parece haberse trasladado ahora desde Almería y Granada a Cádiz y Huelva.

Y tampoco en la zona este de Andalucía está erradicado este tipo de contrabando, como demuestra la operación llevada a cabo el pasado mes de diciembre en Granada por el SEPRONA en colaboración con técnicos de la Junta de Andalucía. La operación descubrió 10 establecimientos no autorizados para la venta de productos fitosanitarios en el poniente granadino e inmovilizó casi 30.000 kilos de insecticidas, fungicidas y herbicidas, algunos legales y otros ilegales.

Fuente de la fotografía: ucr.ac.cr

Autor del reportaje: Rafael Carrasco. Agencia Dossier.

Dos años después, esa “crisis” y las actuaciones públicas y privadas posteriores a la misma han provocado una revolución silenciosa en nuestro agro, y esta vez, ha sido para bien: no sólo se ha reducido claramente el contrabando de sustancias ilegales sino que las grandes dificultades para usar agroquímicos convencionales por sus crecientes restricciones, controles y costes -dificultades de las que el contrabando y uso ilegal también es consecuencia directa- está propagando los sistemas biológicos e integrados de lucha contra las plagas como nunca antes había ocurrido.

ACTUACIÓN DEL SEPRONA

Por ahora, no existen cifras sobre ambas tendencias -menos uso de agroquímicos ilegales y más uso de plaguicidas de bajo impacto ambiental-, pero es una realidad que reconocen todos los sectores implicados. Salvador Ortega es ingeniero de Montes y especialista de la Unidad Central del  SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza) en este tipo de delitos y ha visto un cambio radical del panorama agroquímico al que este cuerpo de la Guardia Civil ha contribuido notablemente y del que se siente especialmente orgulloso. “La tendencia es claramente positiva -explica este teniente del SEPRONA-. El área dónde el problema era más grave hasta hace relativamente poco (Almería y Murcia) ha mejorado mucho y, en el último año, se ha notado una drástica disminución en el consumo de este tipo de productos ilegales”.

La “patrulla verde” de la Guardia Civil desarrolló dos campañas masivas contra estos delitos en 2006 y 2007. El primero de esos años, justo antes de la “crisis de los pimientos”, se desarrollaron 290 actuaciones en toda España y, fundamentalmente, en el sureste peninsular, con dos detenidos, 22 imputados, 422 infracciones administrativas y 29 penales. En 2007 saltaron todas las alarmas por la presencia del famoso isofenfus en algunas partidas de pimiento almeriense exportadas a Alemania, Holanda y Reino Unido, lo que “cerró” esos mercados durante meses a la hortaliza española y provocó un gran daño a la imagen de la agricultura española entre los consumidores europeos, entre otras razones, porque sus competidores del norte aprovecharon el aparente descontrol español en el uso de plaguicidas para hacer campañas contra nuestros productos.

En 2007, sin embargo, la Guardia Civil multiplicó sus esfuerzos contra estos delitos y realizó 3.428 inspecciones, a las que siguieron 5.144 denuncias administrativas y 39 penales, con ocho detenidos y 24 imputados. Ya en 2008, con un cambio de tendencia muy acusado, la campaña del SEPRONA se ha concentrado en la Comunidad de Andalucía y en los meses de octubre y noviembre, y el resultado han sido 615 inspecciones, con 501 infracciones administrativas, 12 penales, 38.000 kilos de fitosanitarios intervenidos y 11 personas imputadas. Son cifras que indican que el problema sigue ahí en Andalucía, pero que se ha reducido en dos tercios respecto a la situación de los años anteriores.

NORMATIVA EUROPEA

No es sólo la disuasión del SEPRONA lo que ha cambiado las cosas. “Mas que nuestras operaciones -explica el teniente Ortega-, que han sido muy intensas, la ´crisis de los pimientos´ produjo tales pérdidas a los agricultores almerienses que esos o los de Murcia se han dado cuenta de que por ahí no podían seguir. Si, además, venía el SEPRONA o la Consejería de Agricultura, tomaba una muestra y veía algo raro, entonces, dejaban de vender y, encima, tenían que pagar una multa bastante considerable”.

Por otra parte, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, así como las diferentes consejerías autonómicas de Medio Ambiente y de Agricultura, siguiendo las directrices que marca Bruselas, están favoreciendo claramente y por primera vez el control biológico y el control integrado –que combina una parte de química con procesos naturales, como el extracto de algas, ciertos hongos o sustancias eficaces obtenidas por fermento del suelo- para luchar contra las plagas agrícolas.

Y ambas alternativas están reduciendo considerablemente el uso de productos fitosanitarios. Incluso, en el “mar de plástico” almeriense -hasta hace poco, el mejor cliente en Europa de la industria agroquímica- se están imponiendo los sistemas anti-plaga mucho más benignos que los que eran costumbre. “Con las nuevas normativas de la Unión Europea -explica Alfonso Chamorro, ingeniero agrícola de una gran explotación de El Ejido (Almería)- han desaparecido el 70% de los productos que se vendían hasta ahora.

Al haber mucho menos producto donde elegir, hay gente que opta por comprar un ´producto pirata´ e inyectarlo en la fase de producción, pero el que quiere hacer las cosas bien ha tenido que optar por la única opción que le queda prácticamente, que es el control biológico -más caro- o la lucha integrada, que combina química y sistemas naturales”. “Ha sido una transformación completa en un año -reconoce el teniente Ortega-, ahora, lo que demandan los invernaderos del sureste es proteger las plantas con insectos predadores de la especie plaga, y no es exagerado decir que los agricultores bajo plástico de Almería son hoy unos entomólogos fabulosos”.

El responsable del Laboratorio de Referencia Comunitario de frutas y hortalizas para Europa, Amadeo Rodríguez, explica además que las crecientes exigencias y controles a los agroquímicos convencionales los han encarecido considerablemente y ahora es mucho más atractivo alternativas como la lucha integrada o el control biológico.

Fuente de la fotografía: noticias-ambientales-internacionales.blogspot.com

Autor del reportaje: Rafael Carrasco. Agencia Dossier.

Al hospital de animales de la organización GREFA llegan todas las semanas ejemplares protegidos con señales de haber muerto en circunstancias ilegales, a menudo, remitidos por la Guardia Civil. Es el caso de una hemba de gavilán encontrada muerta en un camino de Villaviciosa de Odón, cuya necropsia va a realizar Yeray Seminario, veterinario de esta entidad conservacionista.

La muerte natural está descartada porque se trata de un ejemplar fuerte y sano. Las radiografías a la rapaz protegida no revelaron la presencia de perdigones en el cuerpo, pese al orificio sanguinolento en el buche, que puede deberse a un picotazo de otro depredador o a que el animal haya reventado literalmente por haber ingerido un cebo envenenado.

Al abrir el cadáver, se ve que el agujero en el buche se continúa por los músculos pectorales y el esternón. Esto, los hematomas en esa zona, en los pulmones y en el cráneo, una luxación en el hombro izquierdo y la presencia de sangre fresca hacen pensar nuevamente en una muerte por traumatismo (seguramente un disparo y el golpe al caer desde una gran altura).

El hecho de no encontrarse perdigones ni orificios de salida complica el dictamen, pero finalmente, la conclusión probable de la necropisa es una muerte por disparo. A partir de este momento, algún desaprensivo que haya estado cazando la semana anterior en uno de los contados cotos de Villaviciosa puede tener problemas, ya que matar a una rapaz protegida es un delito ecológico.

De todos modos -matiza el Aecoforense-, en este caso el animal llevaba varios días muerto cuando fue encontrado y está en proceso de putrefacción, y eso complica mucho el dictamen; las lesiones son coincidentes con una muerte por disparo pero no puede descartarse un envenamiento@. Por este motivo,  se envía una muestra al departamento de Toxicología de la Universidad Autónoma de Barcelona.

En algunos casos, la entomología o estudio de los insectos, que popularizase “El silencio de los Corderos”, permite averiguar con precisión, según el tamaño de la fauna cadavérica que se encuentre, desde cuándo existe el cadáver, es decir, cuando murió el animal. Esto proporciona a los investigadores una información valiosísima que puede  conducir hacia los sospechosos de un delito contra la fauna.

INSPECCIÓN OCULAR

Haya o no un cadáver, la inspección ocular inicial es un momento clave de la investigación ya que, tras ese primer análisis, puede que nunca más aparezcan los datos que conduzcan hacia los ecodelincuentes: huellas dactilares, proyectiles, casquillos, pelos con raíz y ADN, marcas de calzado, restos de pintura, contaminantes y otros muchos indicios son dejados involuntariamente por los autores del delito para que estos “policías de bata blanca” los conviertan en pruebas irrefutables durante el juicio penal Asi este primer escalón se hace mal, no hay nada que hacer luego Bseñala el coronal José Antonio Sánchez Molero, jefe del Servicio de Criminología de la Guardia Civil-. “Nosotros decimos que no hay delito perfecto sino inspección ocular mal realizada”.

Expertos en inspecciones  oculares son las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales (BIIF), un experimentado equipo de ingenieros forestales e ingenieros técnicos que colaboran como peritos con las diferentes policías en la tarea de buscar culpable a tanto fuego delictivo. Armados de termoanemómetros, termohidrómetros y otros aparatos de precisión, estos piroforenses reconstruyen el incendio hacia atrás leyendo en los troncos calcinados (más negros en la cara más expuesta, menos quemados en la cara opuesta) y llegan a la zona de inicio donde el incendiario seguramente haya dejado pistas sobre su identidad.

“La zona de inicio -explica Miguel Ángel Porrero, coordinador de las BIIF- se acordona y se hace una inspección ocular fina, como hacen los forenses: se tamiza, se crean unas calles con unas cuerdas, el investigador se pone de rodillas y busca algún resto del inicio del incendio”. Se trata de un trabajo muy minucioso que recupera casi siempre restos significativos, como piñas en zonas donde no hay pinos, una vela en un vaso de plástico, restos de líquidos inflamables detectables por el olor, un cigarro dentro de una caja de cerillas, una colilla en una zona donde no llegan excursionistas, un mechero o una mecha lenta.

“La mayoría de las veces -explica el coronel García, jefe del laboratorio de Medio Ambiente de la Dirección General de la Guardia Civil-, se determina el acelerante de la combustión. Estamos trabajando para determinar también el tipo de aditivo, algo que puede revelar, por ejemplo, un gasoil agrícola que apuntaría hacia agricultores de la zona”. La policía científica tiene, incluso, perros adiestrados para detectar el olor de una gasolina o la parafina de una vela, aunque, hasta la fecha, no los ha utilizado en incendios forestales sino en incendios de naves o viviendas.

Autor del reportaje: Rafael Carrasco. Agencia Dossier.

Fuente de la fotografía: http://www.seo-alicante.org

Comparando los proyectiles hallados en el cuerpo del carroñero protegido con las escopetas de los tres cazadores que habían estado allí ese día, la policía pudo resolver el caso. Es sólo uno de los muchos delitos ecológicos resueltos por  los “CSI” españoles de la ecología gracias a las más sofisticadas técnicas de genética, entomología, toxicología o microscopía.

Especialmente sofisticados son los medios y técnicas que emplean contra los “ecodelincuentes” los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA, dependiente de la Guardia Civil y los técnicos del laboratorio de criminalística que les apoyan. “Las redes que se dedican a la caza ilegal o al tráfico de especies –advierte el comandante del SEPRONA, Modesto Piriz- tienen equipos carísimos porque mueven cantidades impresionantes de dinero, y nuestra obligación es responder con los medios más modernos y eficaces de los que podamos disponer”.  Y no es poco de lo que disponen. Entre otros aparatos, los agentes motorizados y los “guardias de bata blanca” manejan microscopios de barrido electrónico y espectrómetros de masas que identifican rápidamente los componentes de cualquier sustancia; gafas de visión nocturna que funcionan con un haz de luz infrarroja invisible para cualquier furtivo o contaminador pero que permiten a los agentes ver en condiciones de absoluta oscuridad; coches y motocicletas todo terreno; sofisticados equipos informáticos; aparatos para medir ondas radiactivas; analizadores multiparamétricos de agua; sonómetros para medir niveles peligrosos de ruido; frigoríficos portátiles para conservación de muestras; y, cómo no, laboratorios para análisis de ADN.

Los análisis de ADN están revolucionando la investigación criminal en todo el mundo, tanto para asesinatos como en delitos relacionados con la fauna protegida. Es el caso de unos halcones “secuestrados” de su nido y encontrados por la Guardia Civil en Pastrana (Guadalajara): por el ADN de una pluma tomada en un nido de Guadalajara pudo determinarse que los halcones encontrados al supuesto expoliador de nidos eran parientes del ejemplar salvaje del que se extrajo la pluma, de modo que los primeros no podían proceder de la cría en cautividad. A pesar de la rotundidad de los datos, el juez no admitió la prueba en la sentencia absolutoria aduciendo “defectos de forma” en la toma de muestras. En muchos casos, los jueces y fiscales trabajan muy por detrás de los peritos y de la tecnología pericial.

Más exitosa resultó la denominada “Operación Puma”, un sofisticado dispositivo por el que agentes del SEPRONA desarticularon una red que había vendido animales protegidos en 22 provincias españolas. A partir de un anuncio en prensa (“Animales exóticos protegidos”), agentes de este cuerpo en Madrid montaron un complejo operativo que incluía seguimiento a los sospechosos, grabación en video, análisis y comprobación de documentos, escuchas telefónicas y registros domiciliarios, siempre con autorización del juez. “En la casa donde se guardaban los animales –cuenta el cabo primero González, uno de los detectives del caso- investigamos hasta la basura para estudiar el tipo de animales encerrados”. En el último momento, y como sacado de una película policíaca, los agentes intervinieron en medio de una venta ilegal, concretamente, de monos titís de Guinea.

VERTIDOS CON RASTRO

Con lo que más tiene que lidiar la unidad medioambiental de la Policía Municipal de Madrid es con el vertido de residuos a las aguas y los suelos de la capital. En estos casos, los agentes toman muestras de contaminantes, pero, además rastrean la zona como sabuesos en busca de marcas de ruedas, etiquetas, bidones, huellas dactilares y otros indicios que conduzcan a los ecodelincuentes. Es el caso de unos desechos clínicos que la Policía Municipal de Madrid encontró en los alrededores del estadio de la Peineta.

Nada más hallarse estos materiales potencialmente tóxicos o infectantes, se acordonó la zona y se procedió a una minuciosa inspección ocular en la que se recuperaron etiquetas y otros elementos que apuntaban hacia el hospital de La Paz. Del análisis de sus documentos se extrajo que el centro sanitario había entregado sus desechos correctamente a una empresa gestora, hacia la que recayeron entonces todas las sospechas. Por las huellas de neumáticos y por el testimonio de personas que paseaban por allí, se supo, además, que los restos habían sido transportados al descampado en un camión. Finalmente, uno de los camioneros que trabajaba para la empresa gestora confesó su delito a la policía local.

Continuará…

Autor del reportaje: Rafael Carrasco. Agencia Dossier.

Fuente de la fotografía: http://www.cronicasdlanzarote.com