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Libertad para Raúl y después la tormenta

El preso de conciencia me´phaa Raúl Hernández fue liberado el pasado 27 de agosto, tras dos años de prisión “preventiva”. Su libertad se obtuvo gracias a que su defensa pudo demostrar que las pruebas en su contra (los testimonios de dos testigos de cargo) eran fabricadas y al gran apoyo solidario que ha tenido su caso.

Entre las organizaciones sociales y de derechos humanos que habían apoyado su caso cundió la alegría. Los intentos de minar el trabajo de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) a quien pertenece Raúl, son ya un emblema. Organismos internacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas, Amnistía Internacional o El Observatorio para la Proteccion de Derechos Humanos celebraron la liberación del defensor, no así en el gobierno del estado de Guerrero, que le había pedido 50 años de prisión, como muestra de mano dura hacia los líderes sociales. *

La alegría duró poco. Tan solo dos días después de la liberación de Raúl, la hija mayor de Inés Fernández, indígena me´phaa que fue violada por militares en 2002 y cuyo caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) tanto apoyó Raúl, fue amenazada en Ayutla, la cabecera municipal: debía abandonar la región, y así mismo Raúl, si querían salvar la vida.

Al día siguiente, varios hombres armados subieron a la comunidad de Juquila, donde dispararon sobre Álvaro Ramírez Concepción, Audencio Ramírez Concepción, Ambrosio García Catarino y Ramón García Guadalupe, miembros de la Organización para el Futuro del Pueblo Míxteco (OFPM), organización hermana de la OPIM, mientras trabajaban en el campo. Alvaro y sus compañeros permanecieron en casa desangrándose por varias horas, ya que los paramilitares seguían al exterior, hasta que, en noche cerrada y monte a través pudieron bajarlos al hospital de Ayutla.

NO ES LA PRIMERA VEZ

Cabe señalar que la OFPM ya ha sido muy golpeada. El 13 de febrero de 2009, hace año y medio, sus dos líderes, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, fueron levantados (secuestrados) en un evento público. A pesar de la intensa movilización de organizaciones para encontrarlos, sus cuerpos fueron hallados sin vida, 10 días después a unos centímetros bajo tierra. Estaban amoratados por la tortura. Ambos habían exigido justicia para la masacre de El Charco, ocurrida el 7 de junio de 1998 y todavía impune. Sus casos tampoco han sido investigados.

Ante esta situación, Raúl, que iba a dar una gira por varias embajadas, así como conferencias de prensa, ha de permanecer escondido, a pesar de lo cual fue invitado este lunes 13 de septiembre al foro Derechos de los Pueblos Indígenas hoy, organizado con motivo del tercer aniversario de la declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Seguiremos manteniéndoos al tanto de la situación en Ayutla, donde impunidad  y represión son dos caras de la misma moneda, donde,   en un contexto de violencia endémico, en el que caciques tratan de imponer su ley a través de la fuerza, las violaciones a derechos humanos se han incrementado a causa de la militarización. Militarización que en los 70 y 90 era una estrategia claramente contrainsurgente y que hoy se realiza con la excusa de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, una “guerra” que por su estrategia bélica, ha enconado la violencia y se está cebando con la población civil, como incluso señala la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH): muerta en retenes militares o en presuntos cruces de fuego, levantada, desaparecida, violada y torturada en la mayor de las impunidades…

*(actualmente hay 230 órdenes de detención hacia estos en la región)

Fuente de información y fotografía: El Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”

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