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Internet, regulación y libertad

¿Quién quiere regular Internet? ¿Quién debería hacerlo, en el caso que se debiera? ¿Quién puede hacerlo, en el caso que se pudiera? Y lo más importante, ¿cómo y en qué dirección? Éstas son algunas de las cuestiones que se ponen sobre la mesa en el debate.

g8-2009

Numerosas tentativas de regulación se vienen dando desde los Estados y organizaciones Internacionales a medida que Internet ha ido ganando adeptos. No es tarea fácil: su propia arquitectura, diseñada por círculos científicos y militares en previsión de una posible guerra que afectara la estructura de las telecomunicaciones, se estableció abierta y escalable, difícil de mantener bajo control.

ORÍGENES

En 1996 la Administración Clinton intentó por primera vez establecer la censura en Internet por vía legislativa. Fracasó. Más tarde se sumaron varios gobiernos europeos, como es el caso de Francia, a raíz de la distribución ilegal en la red de las memorias de Mitterrand, hecho que fue catalogado como “atentado intolerable contra la autoridad del Estado[1], al mismo tiempo que veían como Internet desbancaba el sueño de un Minitel[2] controlado desde el gobierno. La Comisión Europea estableció algunas directivas que han resultado de una vagas e insuficientes a la hora de ser aplicadas de forma legislativa y administrativa.

EL CASO ESPAÑOL

Por parte del gobierno español, la primera tentativa de legislación data de marzo del 2000 con la primera publicación del Anteproyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) [3], dando lugar a una larga polémica todavía sin resolver. Sus ámbitos principales de aplicación apuntaban

–          al suministro de información en línea, como los periódicos o revistas que pueden encontrarse en la Red

–          las actividades de intermediación relativas a la provisión de acceso a la Red

–          a la transmisión de datos por redes de telecomunicaciones

–          a la realización de copia temporal de las páginas de Internet solicitadas por los usuarios

–          al alojamiento en los propios servidores de información, servicios o aplicaciones facilitados por otros

–          o a la provisión de instrumentos de búsqueda o de enlaces a otros sitios de Internet, así como cualquier otro que se preste a petición individual de los usuarios (descarga de archivos de vídeo o audio…), haciendo especial hincapié en el comercio electrónico.”

Al ser estos servicios mayormente ofrecidos por operadores de telecomunicaciones, se les responsabilizaba de su control y regulación para la aplicación de la ley por vía judicial o administrativa. Esto significa que pueden suspender la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a las redes de telecomunicaciones o la prestación de cualquier otro servicio de la sociedad de la información”, que, en palabras de Castells[4], es “como hacer responsables a los propietarios de las imprentas por las consecuencias que pudieran resultar de la publicación de ciertos artículos en la prensa. O a los operadores de telecomunicaciones por las conversaciones telefónicas entre mafiosos que planean un robo.”

internetAdemás de un absurdo, el aceptar la intervención por vía administrativa resulta inconstitucional, ya que permite a un funcionario intervenir en la libre expresión en Internet sin iniciativa judicial, lo que contradice directamente el artículo 20 de la Constitución Española[5], el cual establece, entre otras cosas, que “sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.”

Pero no acaba ahí la cosa. El Anteproyecto de LSSI establece una regulación de los servicios que representen una actividad económica y comercial, dejando fuera a “páginas web, servicios de FTP, intercambio de ficheros, servidores de correo, noticias, boletines informativos, o cualquier otro servicio considerado como personal, aun cuando éstos tengan asignado dominio propio, sean realizados de forma personal o entre varias personas, y que no tienen como fin último ser una actividad económica y comercial».

Sin embargo, en la red es difícil hacer tal distinción en cuanto hablamos de publicidad directa e indirecta, asociada a enlaces a otros portales o a motores de búsqueda, y difícilmente evitable, aunque la página sea personal, cuando se citan variadas fuentes de información.

FRANCIA: LA LEY HADOPI

Otras tentativas de regularización provienen de las mismas operadoras y asociaciones en colaboración con los gobiernos nacionales. En Francia, Sarkozy firmó un acuerdo a finales del 2007 con unas cincuenta asociaciones del sector de la música, el cine y los Proveedores de Acceso a Internet (FAI) para crear una autoridad independiente que regule la piratería a través de la red.

La llamada ley antipiratería ( ley Hadopi I y II) ha visto la luz verde por el Parlamento francés recientemente y permite cortar el acceso a Internet al usuario tras tres avisos. A mediados de 2008, tres grandes operadoras de Internet en Estados Unidos -Verizon, Sprint y Time Warner – sellaron un acuerdo para bloquear el acceso a páginas web con imágenes de abusos sexuales a menores, a través de la investigación y rastreo de las IPS que albergan contenido de este tipo.

G-8

A principios de diciembre de 2008, Silvio Berlusconi[6], primer ministro italiano que además tiene el monopolio de la información radiotelevisiva, declaró su intención de presentar en la siguiente cumbre del G-8 (julio 2009), en calidad de presidente de turno del grupo de las siete primeras potencias económicas más Rusia, una propuesta para la regulación internacional de Internet. En esta cumbre estaba representado el 70% de la población mundial y, obviamente, son los países con economías pobres o emergentes las que no tienen acceso ni opinión.

El simple hecho de que la propuesta fuera llevada a debate en una reunión del G-8 y no de la ONU, es claramente definitoria de los intereses que se persiguen. La reunión ha finalizado recientemente, y aunque en la declaración final se establece que Internet es la nueva frontera de la criminalidad y que se hace necesaria una colaboración internacional para combatir la pornograffía infantil, brillan por su ausencia informaciones públicas sobre los acuerdos a los que se ha llegado.

DEBATE

No podemos obviar que aunque hay tentativas de regulación orientadas a la protección del consumidor y de la infancia, la mayoría se centran en mantener las estructuras económicas  y políticas tradicionales que han visto como en la red perdían el control, tanto de la retribución económica directa de los derechos de distribución y de autor (copyright), como por la propagación de discursos disidentes con el gobierno hegemónico. En resumen, la regulación atiende principalmente a tres direcciones específicas:

–          la primera, a la censura de ciertos contenidos de las publicaciones en la red (como es el caso de la pornografía infantil y de páginas que hacen apología de la violencia, del racismo o de la xenofobia),

–          la segunda, atiende a la legitimidad de dichas publicaciones (como es el caso de los rumores, que pueden afectar a la opinión pública perjudicando a estamentos políticos o económicos y generando pérdidas a nivel de credibilidad o ingresos),

–          y la tercera, a la limitación de acceso a los canales de distribución de ciertos contenidos, ya sea para la protección de datos del usuario frente a acciones fraudulentas o por disidencia política con el gobierno, como fue el caso de Google en China, por citar un ejemplo.

Sin embargo, el que un contenido sea lícito o no, censurable o no, es algo que depende de la regulación de cada país, basada en la política que ostenta, la moral, y los derechos y deberes que establece para sus ciudadanos. Aquello que es censurable no es inamovible, los límites de la legalidad han sido discutidos y han ido cambiando a lo largo de la historia. Como señala el abogado Sánchez Almeida, “ya existen suficientes normativas para proteger los derechos de los ciudadanos y penalizar las conductas delictivas, dentro y fuera de la red. Basta con aplicarlas.”[7]

Sánchez Almeida afirmaba también en septiembre del 2005[8]: “Internet ha puesto en manos de todos los ciudadanos la libertad de prensa de la que antes sólo gozaban aquellos que tenían una rotativa. Y eso se ha convertido en un peligro para todos aquellos poderes acostumbrados a controlar la información. Se trata de un peligro éste que no se puede abordar de forma directa, como en otros tiempos que muchos añoran en la intimidad de sus despachos. No se puede recurrir a la vieja y torpe censura directa, sin levantar las iras de los defensores de la libertad de expresión. Los nuevos censores practican otras tácticas, en las que les han adiestrado los gabinetes de imagen de las empresas multinacionales, muy versados en inteligencia emocional. La censura se ejerce de forma oblicua, mediante leyes pensadas para otras cosas. Leyes pensadas para regular el comercio electrónico, la propiedad intelectual o industrial. Leyes tan distintas como el Estatuto del Periodista, el Código Penal o la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y cuando no se dispone de una ley pret a porter, se le encarga a los políticos en nómina que nos hagan una ley a medida.” Por este motivo y dada la difícil tarea de contentar a todo el mundo, el 12 de diciembre de 2008 Google y la Asociación de Internautas convocaron un encuentro con los principales líderes de opinión en Internet para reflexionar sobre el concepto de “gobernanza[9]. Sus conclusiones se alinearon a dos claves principales: el respeto a los derechos fundamentales y promover el uso responsable de Internet a través de la alfabetización digital, tanto de los usuarios como de los “tres poderes”: el legislador, la justicia y la administración pública. Sin lugar a dudas, la educación y la Auto-regulación se muestran de esta forma como las soluciones más viables a largo plazo.

Fuentes de las fotografías: http://greenbitch.files.wordpress.com/

http://www.flickr.com


Más información:

[1] http://www.uoc.edu/web/esp/launiversidad/inaugural01/experiencia.html

[2] http://www.paralibros.com/passim/p20-tec/pb2083mn.htm

[3] http://www.marketingycomercio.com/n20ene01/antepro1.htm

[4] http://www.uoc.edu/web/esp/launiversidad/inaugural01/experiencia.html

[5] Fuente: http://www.senado.es/constitu/articuls/arts.html

[6] http://www.clarin.com/diario/2002/02/14/i-02501.htm

[7] Extraído de http://www.uoc.edu/web/esp/launiversidad/inaugural01/experiencia.html

[8] http://www.bufetalmeida.com/251/el-cerco-a-la-libertad.html

[9] Enlace http://www.internautas.org/html/5304.html

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